Basauri

El TSJPV declara legal la consulta ciudadana de Basauri que suspendió la abogacía del Estado

Fotografía de la segunda convocatoria de la Consulta Popular / Bidebieta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco da la razón al Ayuntamiento de Basauri sobre la legalidad de la primera convocatoria de consulta ciudadana sobre el Plan Especial de Renovación Urbana (PERU) de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe que fue suspendida por la abogacía del Estado. Se trata de una sentencia que refuerza la autonomía municipal en lo que respecta a la participación ciudadana, sobre la cual no existían precedentes en Euskadi y con la que, según los servicios jurídicos municipales, “el Ayuntamiento de Basauri ha sentado precedente al respecto”.

El alcalde de Basauri, Andoni Busquet, ha mostrado su satisfacción por el fallo judicial: “Siempre hemos mantenido que la consulta que suspendieron estaba plenamente amparada por el marco normativo vigente, la legislación autonómica; no chocaba con competencias estatales, por eso decidimos continuar con el proceso judicial defendiendo la autonomía municipal y recurrimos, y los tribunales nos han dado la razón avalando la forma de proceder del Ayuntamiento”.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Basauri, ha revocado la sentencia a favor de Abogacía del Estado y ha desestimado el recurso de la administración estatal. Esta sentencia aún es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, o incluso ante una sala especial del propio TSJV del País Vasco (en función de si lo que se considera infringido es normativa estatal o autonómica, respectivamente).

DETALLES DEL PROCESO
En julio de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Basauri acordó convocar una consulta ciudadana abierta sobre el plan de San Fausto, Bidebieta  y Pozokoetxe coincidiendo con la celebración de las cercanas elecciones al Parlamento Vasco (25 de septiembre), conforme al procedimiento establecido en el art. 82 de la Ley 2/2016  de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), que no requería autorización del Estado. Dicha consulta no pudo celebrarse en la fecha prevista al ser impugnada por la Administración del Estado, que solicitó la suspensión cautelar del acuerdo impugnado, petición que le fue concedida por el Juzgado de Instancia.

Esta resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Basauri pero, dado que el recurso de apelación municipal no producía efectos suspensivos, el equipo de gobierno decidió acatar la decisión impugnada, como no podía ser de otra manera y, con el objetivo de resolver esta cuestión cuanto antes y retrasar así lo menos posible la ejecución de un plan largamente esperado por los vecinos/as, planteó nuevamente la realización de la consulta ciudadana previa solicitud de autorización al Gobierno del Estado, por los cauces establecidos en los art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 80 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. La consulta se celebró el 17 de diciembre de 2017.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Basauri mantuvo el pleito principal, considerando que no había perdido objeto ya que estaba en juego la autonomía municipal y debía defenderla. El julio de 2017 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Bilbao estimó el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, anulando  la convocatoria de consulta de 2016 y el posterior decreto de organización de la misma, al compartir la tesis de la Administración General del Estado por la que cualquier llamamiento al cuerpo electoral requería inexcusablemente de la previa autorización del Consejo de Ministros.

El Ayuntamiento de Basauri recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco argumentando que, al amparo del art. 82 LILE, se podía aprobar la celebración de consultas ciudadanas abiertas sin precisar, en todo caso, recabar la previa autorización del Consejo de Ministros. El TSJPV, en sentencia notificada ayer día 15 de mayo, estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Basauri, revoca la sentencia de instancia, desestimando el recurso interpuesto en su día por la Abogacía del Estado contra las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y, por consiguiente, confirma la legalidad de de los actos municipales impugnados.

CONSULTAS POPULARES
La sentencia, que supone un espaldarazo a la autonomía municipal y sienta precedente al respecto, confirma la viabilidad de la modalidad de consulta ciudadana prevista en el art. 82 LILE, como una modalidad distinta a las otras dos, reguladas en el art. 80 (consultas populares, que requieren autorización del Consejo de Ministros) y art. 81 (consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado).

Así, se avala una interpretación del art. 82 LILE según la cual las “consultas populares” sobre asuntos de competencia municipal y de especial relevancia para toda la comunidad vecinal por igual son las que requerirían autorización del Consejo de Ministros mientras que las “consultas ciudadanas” sobre asuntos de especial relevancia que, sin tratar de temas que afecten solo a una parte de la ciudadanía sí entrañan una afección diferenciada en la comunidad vecinal, de intensidad variable en función de la materia o del territorio –como era el caso del PERU, pues era evidente que la afección era mayor dentro de su ámbito de aplicación o en zonas adyacentes – no requerirán autorización del Estado, pudiendo ser acordadas por el Ayuntamiento por mayoría simple.

MANIFESTACIÓN EN 2011

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